Principio de presunción de inocencia en el Derecho Penal español.
El principio de presunción de inocencia es un principio fundamental del Derecho Penal español. Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un juicio justo y con garantías procesales.
Este principio se encuentra consagrado en la Constitución en el artículo 24, que establece que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo y a la defensa. Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el proceso penal en España, establece una serie de garantías procesales que tienen como objetivo asegurar el respeto de este principio.
El principio acusatorio.
Una de las principales garantías procesales es la carga de la prueba. En el proceso penal español, es el acusador (Ministerio Fiscal o Acusación Particular o Popular) quien tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado. Esto significa que la presunción de inocencia opera como un escudo que protege al acusado y que obliga al acusador a demostrar de manera fehaciente la culpabilidad del mismo.
Asistencia por un Abogado.
Otra garantía procesal importante en el Derecho Penal es el derecho a la defensa. Es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado y a contar con los medios necesarios para su defensa. Este derecho se extiende a todas las etapas del proceso penal, desde la detención pasando por la sentencia y hasta la ejecución de la condena.
Las pruebas en el procedimiento penal.
El principio de presunción de inocencia implica que todas las pruebas deben ser valoradas de manera objetiva y crítica por el juez o tribunal encargado de juzgar el caso. Esto significa que las pruebas obtenidas de manera ilegal o ilícita no pueden ser utilizadas en contra del acusado.
Conclusión.
En conclusión, el principio de presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema penal español. Este principio establece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante un juicio justo y con garantías procesales. El respeto a este principio es esencial para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el proceso penal.
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